Existe una situación común entre la producción sexual y la producción cultural derivada, de la no consideración de la actividad como un trabajo. Consideramos el comercio del sexo y el comercio cultural como asunto de debate público en un mercado abierto y plural, donde la venta de servicios debe reconocer los derechos sociales y laborales de quienes lo ejercen. De este modo las reclamaciones de las trabajadoras sexuales y de los trabajadores culturales contemplan basicamente los mismos aspectos:
- regular y normalizar la actividad, para que en este proceso los trabajadores se constituyan y sean reconocidos como sujetos sociales y sujetos de derechos.
- legislar pensando fundamentalmente en reconocer legalmente sus derechos, para que así la actividad pueda ser reconocida como un trabajo y combatir el secretismo y la vergüenza.
- defender la capacidad de autodeterminación e impedir la disponibilidad total.
- permisos preferentes para los locales autogestionados y las cooperativas.
A la hora de legislar sobre las dos actividades (la prostitución y la cultura) la situación española se caracteriza por la filosofía de la tolerancia o despenalización. Así el problema fundamental en nuestro país es la falta de reconocimiento y de derechos. Los trabajadores sexuales/culturales no pueden exigir nada sobre las condiciones de trabajo, ni tampoco sobre los beneficios sociales.
Se trataría en definitiva de tratar los puntos comunes a ambas actividades, desde la urgencia del reconocimiento de derechos humanos, sociales y laborales de los trabajadores sexuales y culturales. Ya sean : reubicación urbana (en relación al Raval y al cambio de identidad del barrio), derecho laboral y condiciones de trabajo, vias de legalización, trabajadores inmigrantes, organización y reclamaciones.