A continuación le exponemos el caso con más detalle.
1. Nuestra escalera se encuentra en el corazón de lo que
antes se conocía como el Barrio Chino y ahora llaman el Raval,
frente al solar en obras de la futura Illa Robador, una de las actuaciones
más emblemáticas (según los responsables
municipales) del plan de reforma y revitalización
del barrio, llevado a cabo en gran medida gracias a la aportación
de Fondos de Cohesión de la Unión Europea. En este solar
se construirá un hotel de lujo, oficinas, viviendas, un parking
y la nueva sede de la Filmoteca de la Generalitat, entre otras cosas.
Nuestra escalera se ha vendido cuatro veces en los últimos dos
años (de julio de 2001 a julio de 2003), y ha pasado de valer
70 millones de pesetas a 227 millones; todo ello sin que se haya hecho
la más mínima obra de mantenimiento en la finca, como
se puede constatar en su lamentable estado general, con puertas tapiadas,
goteras por todas partes, conexiones eléctricas reventadas, hongos,
etc. A los vecinos no se nos ha avisado nunca de las sucesivas compras
y ventas, ni tampoco se nos ha permitido ejercer el derecho de tanteo
y retracto para adquirir nuestros pisos.
2. Es importante puntualizar que el número 29 de la calle
Robador no es un edificio en sí mismo, sino que forma con el
número 31 un solo edificio. Por eso, cuando hablamos de las distintas
ventas del inmueble no estamos hablando de la venta de un edificio,
sino de una escalera.
3. Los primeros compradores hicieron una división horizontal
de facto, y lo que era una sola propiedad (toda la escalera) se convirtió
en 23 distintas, cada una con su propia inscripción en el registro
de la propiedad (setiembre de 2001).
4. En la primera venta, de julio de 2001, bajo firma notarial,
se hizo una falsificación de documento público: nuestra
finca fue inscrita en el registro de la propiedad núm. 3 de Barcelona
como "libre de arrendatarios". La veintena de vecinos que
vivíamos en la escalera en aquel momento, pues, legalmente no
existíamos.
5. Esta falsificación documental ha ido reproduciéndose
hasta la última venta, en la que se cambió la inscripción.
Se da el caso de que incluso una apoderada de la Caixa Laietana concedió
a los compradores una hipoteca sobre esta finca "libre de arrendatarios",
de la que cada piso respondía por una cantidad (conforme a la
división horizontal que hemos comentado).
6. Tras la tercera venta (30 de noviembre de 2002) los vecinos
empezamos a recibir burofaxes instándonos a abandonar los pisos.
A partir de entonces, Manel González (el único vecino
con capacidad económica para afrontar las gestiones), consultó
el registro y descubrió toda la situación (las ventas,
la falsificación documental, etc.). Al pedir un certificado de
dominio y cargas (aconsejado por su abogada, particular claro está),
descubrió a los propietarios en el momento en el que se hacía
la 4a venta, y entonces reclamó su derecho a ejercer el tanteo
y retracto por vía judicial. Después de un largo vía
crucis particular de muchos meses durante los que no recibió
ayuda alguna por parte del Ayuntamiento, finalmente ganó en 1a
instancia la propiedad de su piso (sentencia de 31/3/2004, comunicada
el 15/4/2004). Con todo, los propietarios del resto de los pisos han
presentado recurso contra dicha sentencia.
7. La falsificación documental le fue comunicada al Registrador
de la Propiedad, pero éste no hizo nada para solucionar la situación,
alegando que no era su responsabilidad.
8. Esta situación se comunicó al Sr. Carles Martí,
concejal del distrito de Ciutat Vella, el día 7 de octubre de
2003, cuando todavía no se había hecho la inscripción
de la última venta y, por lo tanto, cuando aún se podían
haber iniciado todo tipo de acciones legales (impugnación de
la venta, derechos de tanteo y retracto, etc.).
9. El Ayuntamiento no ha querido ejercer ningún tipo de
acción legal que pudiese solucionar la situación de los
inquilinos de Robador 29. Se da el caso de que la Oficina Antimobbing
del distrito, inaugurada en mayo de 2004 después de que los medios
de comunicación se hicieran eco de numerosos casos como el nuestro,
incluso comunicó al vecino Manel González (a través
de los Sres. De Torres y Augusto Ribeiro) que no tenía ninguna
posibilidad de ganar ningún juicio, con lo que, en vez de ayudarlo,
lo perjudicaban (porque, finalmente, ganó su pleito).
10. Los demás vecinos (la mayoría tenemos entre
55 y 78 años, y unas rentas de 275 a 340 euros mensuales), estamos
afectados por procesos de desahucio que se interpusieron a partir de
la tercera venta. Al no tener medios económicos, hemos tenido
que defendernos con los abogados de oficio que se nos han asignado,
dándose el caso de que en una vista ni siquiera se presentaron.
En resumen, no disponemos ni de la defensa gratuita que nos corresponde.
11. Mientras tanto, continuamos sufriendo mobbing por parte de
los últimos propietarios: cortes de agua; inundaciones; dejadez
total de la escalera, que provoca la invasión de ratas; no reparación
de la puerta de la calle, de los buzones, etc.; inutilización
de las salidas de humo; abandono de pisos vacíos, abiertos de
par en par, con lo que tenemos miedo al entrar en casa por la noche;
todo esto, aparte de la presión para que abandonemos los pisos
con todo tipo de notificaciones, burofaxes, notarios, amenazas de declaración
de ruina (y la consiguiente expulsión) y otras tácticas
intimidatorias que conocen bien muchos vecinos de nuestro barrio, como,
por ejemplo, dejar de cobrarnos los alquileres.
12. Los vecinos de Robador 29 consideramos que nos han robado
y que la única vivienda que se nos ofrece es la calle, porque
los Servicios Sociales del distrito nos dicen que nos tenemos que buscar
nosotros mismos otro piso de alquiler (actualmente a unos precios inasequibles
para nosotros en el Raval) y que sólo nos pueden ayudar durante
unos meses (alrededor de seis) cuando se produzca el desahucio.
13. Nos sentimos desamparados y creemos que alguien tiene que
tomar medidas para abordar esta problemática, que no nos afecta
sólo a nosotros, sino a la mayoría de los vecinos del
Raval, indefensos ante la complicidad entre instituciones públicas
y especuladores privados. Creemos que el Ayuntamiento es una parte activa
en este problema, que saca provecho de la situación en todo el
proceso especulativo fomentado por la revalorización del barrio
a partir de operaciones público-privadas como la de la Illa Robador,
por ejemplo, ganando mucho dinero con la venta de los solares previamente
expropiados a través de la empresa Foment de Ciutat Vella (a
la corporación hotelera Barceló por 8 millones de euros,
en el caso de la Illa Robador, sin ir más lejos), en cada venta
de inmuebles, así como con la revalorización del suelo
y el aumento de impuestos en concepto de contribución urbana.
Viendo que, hasta el día de hoy, el Ayuntamiento no ha querido
involucrarse en nuestra defensa ni parece que tenga intención
de hacerlo, pero que, por otro lado, sí que saca provecho de
la especulación en el mercado de la vivienda en nuestro barrio,
pedimos que nos realojen en pisos de protección oficial a un
precio asequible para nuestras posibilidades. Sabemos que esta no es
una solución de justicia (lo sería que pudiéramos
quedarnos en nuestros pisos en unas condiciones de seguridad y "habitabilidad"
dignas), pero en la situación en la que nos encontramos ya sólo
pedimos una solución de emergencia. Eso sí, no "provisional"
como la que nos proponen los Servicios Sociales del distrito de Ciutat
Vella, sino definitiva.
Si quiere ponerse en contacto con nosotros, lo que le agradeceríamos
mucho, puede llamarnos al teléfono 610301831 de Manel González
(Robador 29, 4o 4a, 08001 Barcelona).